Elección judicial: Justicia con barniz popular

El Instituto Nacional Electoral (INE) validó el pasado 15 de junio la elección judicial, anunciando el cierre del cómputo final y dando la declaración de validez, según información ofrecida a los medios de comunicación por Guadalupe Taddei Zavala (consejera presidenta del INE).

La titular del INE calificó de "inédita" la elección judicial, al mismo tiempo que de "extraordinaria en todos los sentidos". No obstante, omitió mencionar que la participación ciudadana registrada, de un total de casi 99.7 millones de potenciales votantes solo participó un 13%, destacándose que el partido en el poder (MORENA) se hizo del control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

En contraste, 86 millones de personas le dieron la espalda a la farsa de elección judicial. De los 90 millones de votos computados para los diferentes candidatos, 12 millones fueron votos nulos y 14 millones más, votos en blanco.

Sin mencionar los polémicos acordeones e irregularidades, como las candidaturas marcadas con las iniciales PE (propuesta y visto bueno del Poder Ejecutivo), Taddei Zavala indicó que cada votante tuvo que tomar hasta 39 decisiones, lo que arrojó la amplia cantidad de votos (más de 458 millones de sufragios), es decir, más del doble que en la última elección federal.

Datos duros

El conteo de esos más de 458 millones de votos resultó en los 9 cargos[1] de Ministros de la SCJN, con 116 millones 690 mil 139 votos; 5 Magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), con 64 millones 702 mil 300 votos; 2 Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con 25 millones 851 mil 200 votos; 15 Magistraturas para sus 5 Salas Regionales, con 38 millones 700 mil 732 votos; para Magistraturas de Circuito, 107 millones de votos 799 mil 566 votos; y finalmente, en Jueces de Distrito, 104 millones 981 mil 279 votos.

Las cifras hablan de un total de 881 cargos judiciales elegidos de manera directa de entre 3 mil 300 candidaturas a nivel federal y más de mil 800 cargos en los ámbitos locales, referidos a 19 entidades federativas y computados en 300 distritos electorales.

Debido a que los 9 cargos de la SCJN y los 5 recién creados del TDJ, ubicaron a los personajes cercanos y/o propuestos por el gobierno de Sheinbaum, sumado a la baja participación ciudadana, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), criticó y recomendó no replicar el ejercicio/modelo mexicano de elección popular de jueces y ministros en otros países de la región.

¿Maquillaje judicial?

De los cambios reales y/o más importantes tenemos el proceso de elección popular, una reducción de 11 a 9 ministros de la SCJN, las modificaciones (remplazo) del Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, así como la improcedencia de la suspensión en la admisión de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales cuando se reclamen normas generales, es decir, nuevas reglas procesales.

En declaraciones oficiales, la Reforma al Poder Judicial, tuvo como principal objetivo "modernizar" y "fortalecer" la impartición de justicia en el país, introduciendo un enfoque más de corte empresarial con sus subsecuentes conceptos (transparencia, eficiencia, independencia y democratización de la justicia).

Destacan, como se mencionó, la reducción de 11 a 9 ministros en la SCJN con el objetivo de "agilizar" la toma de decisiones y la reducción de costos, así como la elección popular de jueces y magistrados cuyo principal objetivo fue dar "legitimidad" y "transparencia" a la justicia en México.

¡Que, a más de un mes de la elección, se dejaron más dudas que certezas!

En el remplazo del Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), así como la creación del Órgano de Administración Judicial, la dependencia del Poder Judicial al oficialismo quedó más que manifiesta, sea en la supervisión y control institucional, o en la revisión del actuar de las y los juzgadores, del mismo modo que en la gestión administrativa como en el presupuesto de todo el sistema de justicia en México.

Se estableció un sistema que evalúa el desempeño de las y los jueces bajo criterios como la "calidad" y "eficiencia" del sistema judicial.

La "Austeridad Republicana" bajo el discurso de optimización de los recursos públicos, la distancia de los privilegios y eliminación de la "Pensión vitalicia", resultó más en el típico proceso de reducción de costos de las empresas para el despido masivo de sus empleados.

Dentro de la misma idea de "austeridad" se aplicó la reducción de gastos al poder judicial, aunque en realidad se quedó a gran distancia del objetivo de "optimizar" los recursos públicos. Lo que resultó fue más que una optimización, fue un sometimiento del Poder Judicial frente al oficialismo actual.

La reforma judicial y su posterior elección popular se enmarcan en la política oficialista de "cambiar/maquillar" todo lo que sea posible, para que todo siga igual, de ahí que tengamos un Poder Judicial con barniz popular.

México profundo y sin justicia

Parafraseando a Ricardo Bonfil Batalla[2], uno de los argumentos recurrentes en el impulso de la recién Reforma Judicial y su posterior elección por voto popular de jueces, ministros y quienes toman las decisiones del sistema judicial en México, fue la ausencia de justicia hacía los pueblos y comunidades originarios (indígenas) del país, sin embargo, después de los resultados y/o aval por parte del INE, todo parece indicar que seguirá siendo una tarea pendiente.

Debido a que el cambio más visible e "importante" del reciente proceso de votar jueces y magistrados resultó en el triunfo del personaje/titular de la SCJN Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco nacido en el estado de Oaxaca.

En la administración de López Obrador, Hugo Aguilar Ortiz fue responsable del área de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), donde coordinó varios simulacros de consultas ciudadanas para aprobar los megaproyectos de muerte financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como por distinguidas firmas de Wall Street como Black Rock y Bank of America.

Lo que quiere decir que, por la vía de los hechos, Hugo Aguilar Ortiz, resultó un operador político no solo del gobierno mexicano y su llamada 4ª Transformación, si no que operó directamente para las políticas del imperialismo bajadas a las comunidades indígenas de nuestro país, a través de los megaproyectos de muerte como el "Corredor Interoceánico de Tehuantepec", el "Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles" (AIFA), entre otros más.

Aguilar Ortiz también fue parte del círculo cercano del traidor a los pueblos indígenas de Oaxaca, Adelfo Regino Montes, prominente figura del Frente Oportunista en el estado que hizo carrera política como soplón del Ejército Mexicano, mientras se presentaba en las comunidades como "asesor" del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Adelfo Regino Montes y su gente hicieron carrera política en Oaxaca, en el contexto de la promulgación de la "Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca" en el año 1998, en donde, en apego al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, incluyendo la elección de sus autoridades conforme a sus usos y costumbres, también, en apego al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La ley dio sustento jurídico a los diferentes sistemas normativos que existen en todo el estado de Oaxaca para autogobernarse, conocidos coloquialmente como "usos y costumbres", los cuales son anteriores al proceso de colonización y son el resguardo vivo de la democracia directa ejercida de manera milenaria a través de la asamblea comunitaria.

Si bien es cierto, la promulgación de esta ley, así como el reconocimiento de los derechos indígenas en Oaxaca resultó en un gran avance para las comunidades, a través del reconocimiento de sus sistemas normativos, Adelfo y su equipo, oportunistamente se fueron incorporando paulatinamente al aparato del Estado, llegando a ocupar el cargo de secretario de Asuntos Indígenas durante la administración de Gabino Cué Monteagudo.

Es a partir de ese momento, que de manera más abierta, Adelfo se convirtió en el abogado de las causas del capital transnacional, impulsando los megaproyectos de muerte como los corredores eólicos en el Istmo de Tehuantepec, el proyecto de presa "Paso de la reina" en la sierra sur de Oaxaca, los cientos de concesiones otorgadas principalmente a mineras canadienses durante el mismo sexenio de Gabino Cué, así como falso amigo y mediador de los pueblos Triquis durante la masacre contra el pueblo de San Juan Copala.

En el Gobierno Federal de AMLO, Adelfo y su equipo (en el que se encuentra Hugo Aguilar Ortiz), se convirtió en abogado universal de las causas de los poderosos, imponiendo proyectos de destrucción y muerte, eso no lo decimos en el sentido figurado, si no en el sentido literal, toda vez que cuando se abre un megaproyecto de muerte, la delincuencia organizada se encarga de fragmentar a las comunidades y masacrar a quienes se oponen a los designios de capital transnacional.

No solo eso, sino que también implican devastación del medio ambiente y las formas de vida que se encuentran en las regiones donde son impuestos.

Resulta no poco frecuente, que el estado mexicano y los gobiernos en turno, suelen usar a militantes de izquierda y a personajes reconocidos por las comunidades indígenas, para hacerle el trabajo sucio al capital transnacional, todo a través de engaños y consultas ficticias, como uno de los ejemplos más emblemáticos de esto tenemos, nada más y nada menos que a Adelfo Regino Montes y su cargamaletas Hugo Aguilar Ortiz.

Con la llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la SCJN, la justicia en México se mantiene cargada en favor de las grandes fortunas y empresas nacionales, así como de las trasnacionales y firmas de Wall Street que controlan la economía mundial, solo que ahora el uniforme portado, no será la toga negra, sino huaraches y guayabera del sureste de México.

Justicia para todos

Partiendo del hecho de que las clases trabajadoras y sectores oprimidos en México nunca han obtenido sus derechos y/o libertades por la vía de prerrogativas individuales, sino que han sido siempre a través de sus luchas, esfuerzos colectivos y políticos que se ha logrado impactar en amplios sectores de la sociedad, al grado de plasmar/materializarse en la Constitución Política Mexicana como Derechos/Leyes.

La Reforma Judicial propuesta y promovida desde el partido Morena y su 4T, no deja de ser un intento más desde arriba para revestir de "eficacia y humanismo" al poder judicial, con su respectiva "lavada de cara" al estado mexicano y sus instituciones, en este caso, en todo lo concerniente al sistema de justicia.

La reforma judicial rechazó el escalafón para aquellas personas que iniciaban su carrera judicial desde abajo, con el argumento principal de que no había ni certezas, ni garantías para evitar que el crimen organizado, las cúpulas empresariales y/o lastres de la clase política y partidos del régimen se hicieran del control del poder judicial.

Ni se logró evitar la imposición de personajes por la clase política y sus partidos, tampoco la intromisión de las cúpulas empresariales y sus representes, así como tampoco la incorporación de personas relacionadas con el crimen organizado. Sin embargo, de lo único que podemos estar seguros es de que la impunidad y ausencia de justicia seguirán a la orden del día, afectando principalmente a las clases trabajadoras y sectores oprimidos.

Desde el oficialismo actual, con el poder desde 2018, a lo sumo bien podría llamar los actuales cambios en el Poder Judicial, como una de las modificaciones más importantes, desde arriba, en materia de justicia en la historia reciente del país. Sin embargo, dista mucho para que la justicia llegue a los rincones de los pueblos indígenas/originarios del país, sí en cambio, crimen organizado y megaproyectos son los primeros en llegar al despojo.

No basta con la buena voluntad de las y los abogados, con vocación de servicio, como dicen, se debe aceptar/entender que las injusticias no se terminan por decreto presidencial.

Mientras la desigualdad social siga siendo la norma y la explotación laboral prosiga teniendo el aval legal, la justicia social se mantendrá ausente. No puede haber justicia plena en un sistema económicamente desigual, es decir, no puede existir justicia, ni derechos humanos para las y los habitantes de las comunidades y pueblos más pobres del país, en donde las enfermedades prominentes, son las derivadas de la desigualdad económica y pobreza.

Un claro ejemplo de que la distancia es mucha para que la justicia en México se amplie, es el fuerte impacto político, en términos negativos para administración actual de la presidenta Sheinbaum, que resultó de la aparición en escena pública, de los grupos de madres y familiares de personas desaparecidas y asesinadas a lo largo y ancho de la república, recordando los peores años de "La Guerra vs el Narco" del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Reflexiones finales

Como se ha dicho, para la obtención de los derechos y libertades no basta con las buenas voluntades y/o deseos al respecto, es decir, no es suficiente con la buena actuación de las y los abogados, las y los jueces con vocación de servicio, como se gusta mencionar, las injusticas no se eliminan por algún decreto presidencial.

La vía para lograr un mejor Sistema de Justicia en México va de la mano de una gran lucha política encabezada desde las clases trabajadoras junto a los sectores oprimidos, incluyéndose, los pueblos originarios peleando por una verdadera justicia con independencia y autonomía de clase.

Como elemento estructural se debe combatir la desigualdad económica y por tanto social.

La reforma y elección judicial han resultado un intento desde arriba de limpiar la imagen del poder judicial en México y sus instituciones, altamente desprestigiadas en el país.

Tomar el control del poder judicial, implementar y reforzar la visión empresarial (neoliberal) en la toma e impartición de justicia (solo quienes puedan pagarla tienen derecho a ella), así como ampliar la lista de pueblos y comunidades para ser despojados de sus territorios y recursos, toda vez, que han sido firmados e implementados los megaproyectos llamados de la muerte, fueron de los resultados de la reforma y elección judicial promovida por la 4T.

La reforma y posterior elección judicial buscando limpiar su rostro y en pesquisa de legitimidad, así como en ofrecimiento de rendición de cuentas, terminó a más de 1 mes de realizada la elección, con un gobierno más desacreditado y con un poder judicial débil.

Después de la reforma y elección queda una SCJN mal trecha, en términos de independencia judicial, con baja participación ciudadana, así como con una amplia complejidad en su propia implementación y ejecución.

Finalmente, sigue permeando que los riesgos de cooptación y corrupción se llevaron cabo, además, el haber buscado legitimar la justicia a partir del voto popular, cuando no por medio de una tómbola, no terminó siendo del beneficio del gobierno actual y sus autoridades en materia judicial.

¡Los derechos y libertades paras las clases trabajadoras, sectores marginales y pueblos indígenas solo serán obtenidos a partir de la organización y una amplia lucha política!

Referencias:

https://www.nmas.com.mx/nacional/politica/resultados-eleccion-judicial-2025/con-458-millones-de-votos-se-renovara-la-mitad-del-poder-judicial/

https://forbes.com.mx/ine-conto-mas-de-458-millones-de-votos-de-la-eleccion-judicial/?fbclid=IwY2xjawK9i3BleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFNQ3RHNFhVM2oxNmtkckY5AR5UnFUT8iyQjgQtItayojP4yValMb0Sy2Q3H2IQ9y7HfYFEFzcvwmdkBO68wg_aem_vDMKrlVHFhokWwTYfW_btg

https://aristeguinoticias.com/100625/mexico/ine-contabiliza-mas-de-458-millones-de-votos-en-eleccion-judicial/

https://elpais.com/mexico/2025-06-15/el-ine-cierra-el-conteo-de-la-eleccion-judicial-y-entra-en-una-nueva-fase.html

https://www.youtube.com/watch?v=GowWFd8QTvw

https://www.bbc.com/mundo/articles/c4g8r8rxr2vo

https://elpais.com/mexico/2025-06-04/un-abogado-mixteco-en-la-cumbre-de-la-suprema-corte-las-tres-vidas-de-hugo-aguilar.html

https://cnnespanol.cnn.com/2025/06/03/mexico/perfil-hugo-aguilar-ortiz-candidato-mixteco-suprema-corte-orix

https://www.sinembargo.mx/4668434/sheinbaum-insiste-en-impulsar-una-reforma-electoral-vendra-en-su-momento-asegura/?fbclid=IwY2xjawLKntJleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETE1ZjZiTHdsMWZ0dWhRbFA2AR5S74TwJM7TyzDC0pWaFgqxl8NE8Zj6wDz1QL_KgEslBTfc0oalpb22xFvTLA_aem_Ht2l2drOaxYfoGIMKPqlEA

https://elpais.com/mexico/2025-06-23/abogados-de-narcos-abusadores-sexuales-violentadores-acosadores-y-traficantes-de-personas-estan-a-un-salto-de-convertirse-en-jueces-y-magistrados-en-mexico.html?fbclid=IwY2xjawLKNoNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFoZ0tmS2VUODZNTVlvSENoAR71iTZvO0YGXEbumlGej1NvUErywjCDKzFpv5ckrBFu_S95CCW4qx1W5ZXzGQ_aem_eX68vI6xq8BXhSF2E8227A

[1] Uno de los cambios más visibles fue la reducción de 11 a 9 ministros.

[2] Guillermo Bonfil Batalla fue un investigador y pensador mexicano egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), reconocido entre otras cosas, por su libro "México Profundo: una civilización negada", en donde argumentó la existencia de 2 proyectos de país: el "México imaginario" y el "México profundo". Su trabajo ha sido retomado en movimientos políticos y sociales, desde donde activistas y académicos discuten sobre la diversidad étnica y sus luchas políticas.